Así es como se ve la resistencia de Ecuador

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Una de las memorias más emocionales de Cenaida Guachagmira es de cuando tenía alrededor de 12 años en el 2006. Sus padres y otros adultos de la comunidad ecuatoriana de Cerro Pelado dejaron a sus hijos menores bajo su cuidado, pidiéndole que les cocinara y los alimentara, y que los vigilara mientras ellos iban a hacerle frente a la amenaza más reciente a sus vidas, a sus ingresos, a sus hogares y a su poderosa conexión con la naturaleza: un compañía canadiense la cual había recibido la aprobación del gobierno ecuatoriano para hacer minería en la región en busca de cobre, dejando los terrenos desolados al hacer esto. Ella recuerda que su padre volvió a casa golpeado y que su hermano fue arrestado.

Después de 15 años, Guachagmira todavía está peleando la misma batalla, pero ella en la primera línea en vez de sus padres, mientras sus dos hijas son testigos de la increíble resiliencia y espíritu de resistencia de su madre. Esta vez la batalla es contra la última en una línea de compañías mineras que, durante las últimas tres décadas, han recibido concesiones en la región del Valle de Intag en Ecuador, el cual es uno de los lugares más biodiversos del mundo.

“A una temprana edad aprendemos el valor de la lucha de nuestros padres, a aprender las leyes constitucionales que garantizan nuestros derechos, a investigar cómo podemos confrontar estas compañías, y a saber cuáles son nuestros derechos para poder exigirlos” dice Guachagmira. “Aprendemos a pensar en el futuro y no solo en nosotros mismos. No gano ni un centavo al hacer esto y pongo mi vida en riesgo. Eso lo sé, pero las generaciones futuras lo valen. Mis hijas lo valen”.

Guachagmira no está sola en su tenaz determinación y voluntad para arriesgar todo para asegurarse de que algunas de las más poderosas compañías mineras transnacionales se mantengan alejadas del Valle de Intag. Desde el principio de 1990, los pueblos pequeños de las siete parroquias del Valle de Intag se han unido para bloquear caminos, ocupar campamentos mineros, confrontar oficiales del gobierno y exigir su derecho constitucional a resistirse. La resistencia comunitaria a la minería en el Valle de Intag es la más larga en la historia de Ecuador.

Y hasta ahora, a pesar de una pérdida reciente en una corte ecuatoriana y la aprobación del gobierno de concesiones de minería que cubren alrededor del 85 % del Valle de Intag, la resistencia de las comunidades ha logrado frustrar la destrucción de su tierra y de todo lo que aprecian, incluyendo la diversidad de la fauna con la que comparten hogar.

“La relación con la naturaleza en nuestra comunidad no están radical”, dice Guachagmira. “Vivimos con personas de todo tipo, de todos los colores, de todas las razas, pero todos compartimos una relación poderosa con la tierra que nos alimenta y con los animales que viven aquí. Nosotros no producimos a la Tierra, la Tierra nos produce a nosotros. Por el agua y la vida hoy unidos y mañana protejidos”.

Organizándose por la naturaleza

La primera vez que los miembros de la comunidad de Junín del cantón de Cotacachi escucharon que una compañía minera iba al Valle de Intag, se emocionaron, al creer que el proyecto iba a beneficiar a la comunidad directamente, dice Javier Ramírez, quien ha vivido en la comunidad desde que nació. Pero eso fue antes de que la comunidad comenzara a aprender sobre el impacto en la naturaleza, la cual les proporciona agua, comida, ingresos y medicamentos.

“Mi familia siempre ha vivido aquí. La tierra nos da todo lo que necesitamos y asegura nuestra supervivencia. Tenemos la selva, el agua, la comida. La selva es nuestra vida. Es hermosa”, dice Ramírez. “Así que cuando aprendimos sobre el estudio del impacto ambiental y el impacto devastador que tendría sobre la naturaleza, empezamos a organizarnos en todo el Valle de Intag para exigir nuestros derechos”.

Eso fue en los 90s, cuando una compañía japonesa, una subsidiaria de Mitsubishi Corporation, inicialmente planificó hacer minería en el área para buscar cobre en el primer proyecto de minería a gran escala en el país. En ese momento, la evaluación de impacto ambiental de la compañía estimó que 100 familias de cuatro comunidades necesitarían trasladarse por las minas, y el proyecto causaría tanta deforestación que resultaría en la desertificación del bosque nublado. Su reporte también predecía que el agua sería contaminada con plomo, arsénico, cromo, cadmio y otras sustancias tóxicas.

Cuando se hizo obvio que el gobierno ecuatoriano no iba a ayudar a prevenir dicho desastre, ni responder las preguntas de las comunidades locales sobre el proyecto, una organización local comenzó a educar a las comunidades locales sobre los impactos de la minería. Los líderes locales presionaron a los presidentes de las siete parroquias; con su apoyo y bendición, ellos organizaron reuniones, marchas y manifestaciones, pero no fue hasta que las comunidades se hicieron cargo personalmente del asunto que el gobierno empezó a prestar más atención.

“Sabíamos que la compañía tenía mucho personal, pero solo en el verano”, dice Ramírez. “En el invierno, solo hay una persona trabajando en el campamento, así que un grupo de manifestantes de la comunidad fue al campamento en el invierno y exigió que un representante de la compañía minera entregara la llave, lo cual hizo. Después, esa compañía se fue. Esa fue nuestra primera victoria en esta larga batalla”.

Una segunda compañía, esta vez de Canadá, llamada Mesa, fue la próxima en venir y de forma similar fue expulsada por la oposición local. Así que, en 2014, cuando el productor de cobre más grande del mundo, Codelco, se unió a la compañía estatal ecuatoria Enami para desarrollar un gran proyecto multinacional de minería de cobre a cielo abierto en un área llamada la concesión de Llurimagua, este trajo 400 miembros armados del ejército y la policía

El depósito que Codelco y Enami EP están planificando minar se estima que es entre 11 y 53 veces más grande que el depósito identificado hace casi tres décadas, lo que requeriría que más familias sean trasladadas para acomodar la minería en la concesión de Llurimagua. Sin embargo, se estima que el depósito mineral contiene solo un 0,4 % de cobre, lo cual es el equivalente a ocho libras de cobre por cada tonelada de subsuelo. Más del 99 % del material minado serían desechos rocosos.

En 2014, Ramírez fue presidente de su parroquia, y fue encarcelado por 10 meses por “sabotaje y rebelión contra el estado”. Él pasó 10 meses, de una sentencia de ocho años, ahí después de que la presión del público fue suficiente para que lo liberarán antes.

“Fue muy difícil. Nunca había salido de mi comunidad, nunca había dejado a mi esposa, a mis cuatro hijos, a mi madre, a mis hermanos. Nunca en la historia de mi familia uno de nosotros había ido preso. Fue como en las novelas. No podíamos creer que yo había ido preso sin haber cometido un crimen, solo por ser un defensor de la naturaleza”, dice Ramírez. “Pero incluso mientras estuve en la cárcel, sabía que iba a seguir defendiendo la naturaleza. Las compañías mineras no han sido capaces de asustarme o de convencerme de parar. Nunca voy a parar de luchar, mi familia nunca dejará de luchar, nuestras comunidades nunca dejarán de luchar”.

Armas versus dignidad

En febrero de este año, tanto Guachagmira como Ramírez compartieron sus historias como demandantes en el caso en el que aseguran que las concesiones mineras otorgadas a Enami y Codelco violan los derechos constitucionales de cuatro comunidades locales y los derechos de la naturaleza. El caso ha estado pendiente desde 2020, poniéndole una pausa temporal al proyecto, y durante esa pausa, la empresa de Reino Unido y Australia, BHP Billinton, expresó de forma no oficial interés en adquirir el proyecto, mientras que la subsidiaria ecuatoriana de la empresa australiana Hancock Hanrine, hizo una oferta multimillonaria oficial para hacerlo.

Aún así, las comunidades están siendo cuidadosamente optimistas. Solo unos cuantos meses antes, el Bosque Protector Los Cedros, que también se encuentra en el Valle de Intag, logró una victoria histórica que determinó que las concesiones mineras en ese bosque protegido violaban los derechos de la naturaleza.

Pero el juez de la corte del cantón de Cotacachi determinó que la concesión de Llurimagua y las actividades mineras planificadas no violan los derechos de la naturaleza o el derecho de la comunidades de ser consultadas sobre los proyectos que podrían afectar el ambiente, permitiendo que las compañías continúen trabajando.

En una declaración después del veredicto oral, muchas organizaciones civiles locales y regionales escribieron: “Durante estos diez días… también hemos sido testigos de cómo los oficiales locales y los abogados de las compañías mineras trataron a los científicos, biólogos, y particularmente a los demandantes y a los testigos comunitarios con hostilidad y denigración”.

La lucha ha continuado desde entonces. El 3 de marzo, la comunidad de Cerrado Pelado se unió para formar una cadena humana en un camino estrecho para prevenir que pasaran tres camionetas que llevaban empleados de Codelco y oficiales del Ministerio del Ambiente de Ecuador.

“Esperamos ahí como siempre lo hacemos, listos para lo que sea que pasara”, dice Guachagmira. “Les dijimos: “¿Saben qué? No pueden pasar y no van a pasar. Pueden venir con policías, con alcaldes, con presidentes, pero no van a pasar porque no los vamos a dejar pasar”.

Dos días después, el 5 de marzo, decenas de comuneros de diferentes partes de Intag enfrentaron a la BHP en la comunidad de Cazarpamba para que no entraran a su comunidad a socializar su plan para trabajar en el área. Después de la confrontación, la representante de BHP supuestamente dijo que la compañía no volvería al Valle de Intag.

El 16 de marzo, los abogados de las comunidades locales hicieron una apelación en la corte del cantón de Cotacachi, esperando tener otra oportunidad para explicar su caso en la corte Superior de Imbabura.

Y sin importar lo que pase, las comunidades locales nunca se rendirán, Guachagmira y Ramírez están de acuerdo en esto.

“Las compañías tiene sus armas y nosotros tenemos nuestra dignidad”, dice Guachagmira. “Luchamos con la constitución, con la verdad y con nuestra convicción. No estamos luchando por nosotros mismos, estamos luchando por toda la vida del planeta. Invito al mundo a unirse a nosotros, y no solo a nosotros, sino a todos los pueblos pequeños en todos lados que están luchando por ustedes, por mí y por un planeta saludable”.

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